La desregulación que propone la CNMC provocará la expulsión gradual del mercado de los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) y reducirá las ofertas disponibles en perjuicio de los usuarios

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Las herramientas de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) son insuficientes para frenar adecuadamente, y a tiempo, conductas abusivas o comportamientos colusorios.

ASOTEM considera que aún hay tiempo para que la CNMC, teniendo en cuenta todos los datos, cambie su enfoque y adopte una decisión que garantice una competencia efectiva y sostenible, y evite así un impacto negativo para los ciudadanos y empresas, tanto en precios como en diversidad de ofertas adaptables a cada necesidad.

Madrid, 15 de noviembre de 2016.- Asotem, la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones Empresariales, ha manifestado su serio desacuerdo con la propuesta de desregulación incluida en la Consulta Pública sobre el mercado de acceso y originación de llamadas en redes móviles (antiguo “mercado 15”) publicada recientemente por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

Asotem, que representa a operadores móviles virtuales y a operadores fijos, principalmente orientados al mercado empresarial, que compiten entre sí y con una gran diversidad de modelos de negocio, discrepa del análisis del mercado sobre el que se intenta basar la propuesta, ya que se aleja considerablemente del mercado actual. Así, en dicho análisis se pasa por alto la fortísima relación entre los servicios móviles y los fijos, demandados simultáneamente por los usuarios, por lo que los operadores que hace años eran sólo fijos hoy a duras penas pueden sobrevivir si no pueden ofrecer conjuntamente servicios fijos y móviles a sus clientes.

Asotem, que confía en las reglas del juego que establecen tanto el marco regulatorio europeo como la normativa nacional para garantizar la competencia sostenible en la que ha de desarrollarse la actividad de todos los operadores, también cuestiona que no se analicen los problemas objetivos derivados de la aplicación real de los acuerdos de acceso a las redes móviles, y que sólo pueden manejarse con una regulación preventiva. En particular los OMVs están teniendo graves dificultades para poder ofrecer a sus clientes servicios competitivos basados en datos, tanto por haberse retrasado notablemente el acceso a las nuevas tecnologías de banda ancha móvil (en 2015 sólo un 1% de los clientes de los OMVS dispone de 4G, contra un 24% de los de los Operadores Móviles de Red), como por el excesivo coste mayorista de los servicios, que en ocasiones llega a ser superior al de los servicios ofrecidos a los usuarios.

Otro punto de desacuerdo es que en el documento sometido a Consulta se tomen como referencia unos datos de mercado que no reflejan el impacto de concentraciones que se están produciendo en 2015 y 2016 y afectan a OMVs, aun cuando se reconoce su existencia. En definitiva, se obvia que cuando a partir de 2017 se aplique la desregulación propuesta, los OMVs que participan en dichas fusiones no serán sino meras marcas de los grupos de los Operadores de Red.

Pero donde Asotem discrepa, si cabe, más profundamente, es en la conclusión que se extrae de la Consulta, en la que se confía en las herramientas de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), esto es, en los expedientes sancionadores en materia de competencia, para “frenar adecuadamente conductas abusivas o comportamientos colusorios”. En este sentido, existen multitud de ejemplos de expedientes instruidos por la LDC que muestran que al estar diseñados sólo para sancionar las infracciones después de que se produzcan, carecen de eficacia práctica para frenarlas o detener sus efectos. Así, los expedientes tienen una duración excesiva –nunca menos de 2 años- desde su inicio hasta su resolución. Es más, tampoco se contemplan, ni se sancionan, los perjuicios que pueden ocasionarse si el comportamiento anticompetitivo continúa durante la larga tramitación del expediente.

En suma, Asotem considera que no es aceptable suprimir la supervisión regulatoria preventiva, remitiendo este mercado únicamente a las herramientas de la LDC, ya que éstas no pueden evitar el impacto perjudicial de los abusos en los operadores afectados, y por tanto en los usuarios.

Finalmente, Asotem considera que la supresión de la regulación vigente que,  aunque es mínima, ha demostrado ser necesaria para el desarrollo de la competencia en servicios móviles, tendrá un impacto rápido y negativo para los operadores móviles virtuales y, por ende, en la competencia en el sector, tanto en precios como en diversidad de ofertas adaptables a cada necesidad.  Este hecho provocará la expulsión gradual del mercado de los OMVs (y de operadores fijos que empaquetan el móvil en su oferta) e incrementará aún más la concentración de este sector en perjuicio de la demanda, limitando la innovación y adaptación de los servicios a las necesidades de los usuarios, tanto ciudadanos como empresas.

Asotem considera que aún hay tiempo para que la CNMC, teniendo en cuenta estos argumentos –que la Asociación ha expuesto a consejeros y directivos de la Comisión-, y los de las demás partes implicadas, cambie su enfoque y adopte una decisión que garantice una competencia efectiva, a fin de evitar los graves efectos perjudiciales para los ciudadanos y las empresas que supondría la propuesta actual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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